Es un asco perdonar a los evasores, pero a veces hay que cortar una pierna para salvar al enfermo". Con esta hermosa metáfora médica, el diputado y ex médico mediático Eduardo Lorenzo Borocotó justificó su actitud en la Cámara de Diputados, con la que permitió abrir la sesión para sancionar el paquete oficial de blanqueo laboral y de capitales. El borocotismo se resiste a perder vigencia de la mano de su máximo referente. Su presencia, a último momento, facilitó el quórum y la aprobación, aunque luego quedaron serias dudas de la votación en particular del capítulo dedicado al blanqueo de capitales.
Por fuera del debate legislativo hay una discusión política en ciernes. Varios referentes de la oposición, empezando por Felipe Solá y Roberto Lavagna –ex aliados K y hoy dirigentes del peronismo no kirchnerista– empujaron la idea de condicionar el blanqueo a futuro. Así, impulsaron y firmaron un documento que apunta a dejarle en claro a quienes decidan blanquear capitales oscuros que muchos de los presidenciables están dispuestos –de llegar a ser gobierno– a desconocer la política K en 2011. Elisa Carrió decidió no firmarlo, por la presencia de José Manuel de la Sota y Alberto Rodriguez Saá, y Mauricio Macri adujo estar en el exterior, aunque lo firmaron algunos de sus allegados. El mensaje es claro: "vamos a revertirlo si llegamos al poder en 2011".
IMPACTO. El árbol tapa el bosque. El debate se centra, con lógica razón, en la racionalidad y juridicidad de esta medida, desplazando un poco al contexto que justifica que el Gobierno caiga –luego de haber dicho Néstor Kirchner que quería "traje a rayas para los evasores"– en algo muy parecido a un premio a la evasión.
Se debe recordar que antes del inicio de la crisis financiera internacional el Gobierno tenía en mente una estrategia "amigable con los mercados" para afrontar los vencimientos de 2009. Esta idea consistía en pagarle al Club de París y hacer una oferta a los holdouts que trajera, como anexo, fondos frescos para la Argentina. Eso no pudo ser por el estallido de la crisis en Estados Unidos, y el péndulo se fue al otro extremo con la nacionalización de los fondos que manejaban las AFJPs. No es un tema menor: en 2009 el oficialismo se juega su supervivencia.
Resulta que la crisis externa más los efectos de la política interna han acrecentado los dilemas para la economía argentina. La baja de los precios internacionales, y una soja abajo de los 300 dólares la tonelada, sumada a la incipiente recesión mundial, están golpeando a las exportaciones argentinas, generando una baja del superávit comercial y de los ingresos fiscales. A eso se suma una fuga de capitales que en un año alcanza a unos 25 mil millones de dólares, un monto similar al que se fue previo a la debacle de 2001 (aunque en otras condiciones de competitividad, reservas y política cambiaria).
Las reservas internacionales suman en la actualidad unos 42 mil millones de dólares, pero bajarán sensiblemente si sigue la merma del superávit comercial y la fuga de capitales (en un marco de pesados vencimientos de deuda). Ya circulan especulaciones que las ubican entre 35 y 25 mil millones de dólares para fines de 2009. La fuga de capitales se financia con un superávit de comercio exterior que tiende a achicarse, haciendo más desafiante la situación para el Banco Central en cuanto al manejo de las reservas, y justo en un momento donde se ha instalado como idea entre la gente que el dólar está barato. La autoridad monetaria apuesta a un deslizamiento gradual de la divisa, para evitar el pánico social, y en el convencimiento de que una devaluación más abrupta o acelerada podría convalidar las expectativas devaluatorias.
Así es que se muestra al blanqueo de capitales como un mal necesario, como una política no querida pero que puede arrimar divisas a la sedienta argentina. La zanahoria es, en teoría, tentadora: se blanquean capitales producto de la elusión o la evasión pagando unos pocos puntos en lugar del 35 % de ganancias y con un cierto paraguas legal. Claro que el nombre de la empresa o del contribuyente quedará escrito en letras de molde, expuesto al riesgo que encarna asumir la publicidad del blanqueo.
En despachos oficiales se estima que esta medida, agridulce para muchos funcionarios y legisladores oficialistas, puede arrimar entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, aunque en el Banco Central son más conservadores a la hora de inaginar un ingreso que refuerce las reservas. Un destacado economista de un banco de inversión asegura que 4.000 millones de dólares es la hipótesis de máxima, con cierto descreimiento. Si así fuera, es la brecha que estaría necesitando el gobierno para cubrir el bache financiero de 2009, pero a un costo muy alto en términos de credibilidad social y reputación política. En cambio, un consultor económico afirma que "el impacto económico será marginal" al lado del daño a la cultura tributaria que se generará.